El Ingreso Mínimo Vital (IMV) se creó en 2020 como una prestación estatal diseñada para garantizar un nivel mínimo de ingresos a los hogares en situación de vulnerabilidad económica. Su creación supuso un avance relevante en el sistema de protección social en España, hasta entonces muy fragmentado debido a la existencia de rentas mínimas autonómicas con diferencias importantes entre territorios.

Seis años después, el debate ya no se centra únicamente en si esta prestación es necesaria, sino en una pregunta clave: ¿está llegando realmente a todas las personas con derecho a percibirla?

Esta reflexión parte del trabajo académico de Berta Largo i Tudela, actuaria titulada por la Universitat de Barcelona, quien ha analizado el funcionamiento del Ingreso Mínimo Vital. Para ello, ha construido una herramienta de microsimulación que replica la normativa vigente y funciona como un «gemelo digital» de la ley: convierte los criterios normativos del IMV en reglas de cálculo y permite simular su aplicación a distintos tipos de hogares.

La principal conclusión es clara: el diseño interno del IMV es coherente, pero su alcance real es limitado, ya que no siempre llega a todas las personas que cumplen los requisitos para percibirlo.

Un sistema pensado para garantizar un nivel mínimo de ingresos

El IMV es una prestación no contributiva cuyo objetivo es asegurar que cada hogar disponga de una renta garantizada. Su cuantía se determina legalmente en función de la composición del hogar, sus ingresos, su patrimonio y la comunidad autónoma en la que reside. La lógica es sencilla: si un hogar no alcanza esa renta mínima, el Ingreso Mínimo Vital cubre la diferencia.

Este diseño permite calcular la prestación de forma coherente, predecible y verificable. Así lo demuestra el análisis técnico: la fórmula legal funciona según lo previsto y determina con precisión los importes que reciben los hogares que cumplen los requisitos.

Un impacto importante, pero con límites

El IMV contribuye a reducir la pobreza severa. Se considera que un hogar se encuentra en esta situación cuando sus ingresos están por debajo del 40 % de la renta mediana del país. Según las simulaciones del estudio, la proporción de hogares que supera este umbral pasa del 25 % al 58 % cuando a sus ingresos se suman todas las prestaciones disponibles. Es un avance significativo.

Sin embargo, el sistema presenta limitaciones estructurales. Una de las más relevantes afecta a las personas que viven solas: incluso cuando perciben la cuantía máxima del Ingreso Mínimo Vital, sus ingresos siguen situándose por debajo del umbral de pobreza severa. Este resultado no depende de la simulación, sino de los parámetros establecidos por la ley.

El verdadero desafío: las barreras de acceso

Según los datos citados en el trabajo, entre el 55 % y el 57 % de los hogares con derecho al IMV no lo solicitan, y el porcentaje puede alcanzar el 76 % en el caso del Complemento de Ayuda para la Infancia. A ello se suma que se deniega una proporción muy significativa de las solicitudes presentadas.

Estas cifras obligan a mirar más allá de la prestación en sí. No basta con que exista un derecho reconocido sobre el papel: también deben existir condiciones reales para ejercerlo.

Las causas del non take-up —es decir, de la falta de solicitud de una prestación por parte de quienes tienen derecho a percibirla— son múltiples. Entre ellas se encuentran la complejidad de los trámites, la dificultad para entender los requisitos, la brecha digital, la falta de acompañamiento, el miedo a equivocarse, la percepción de que la solicitud será denegada o la falta de coordinación entre administraciones.

Por eso, el problema no puede interpretarse como una simple falta de información individual. Cuando más de la mitad de los hogares con derecho a la prestación no acceden a ella, el foco debe ponerse también en el diseño administrativo, en la claridad de los procedimientos y en la capacidad del sistema para llegar de forma proactiva a quienes más lo necesitan.

Una mirada desde la Fundación Caja Ingenieros

Desde la Fundación Caja Ingenieros trabajamos para promover una sociedad más informada y equitativa, en la que las personas tengan una mayor capacidad para tomar decisiones que mejoren su bienestar. En este marco, reflexionar sobre el Ingreso Mínimo Vital permite ampliar la mirada sobre la salud financiera y la inclusión económica.

Hablar de salud financiera no significa responsabilizar únicamente a las personas de su situación económica. También implica analizar si los sistemas de protección son claros, accesibles y eficaces; si la información llega de forma adecuada; y si las personas cuentan con el acompañamiento necesario para ejercer sus derechos.

El IMV es una herramienta esencial para reducir la pobreza severa y garantizar una base mínima de ingresos. Pero su eficacia depende de que llegue realmente a quienes lo necesitan. La evidencia disponible muestra que el desafío no radica únicamente en diseñar buenas políticas, sino también en garantizar que las personas a las que van dirigidas comprendan cómo funciona y puedan solicitar y recibir las prestaciones correspondientes.

Reducir el non take-up no es una cuestión menor ni un problema administrativo secundario, sino una condición indispensable para que el derecho a una protección económica mínima sea efectivo.

En el Grupo Caja Ingenieros defendemos una visión de las finanzas basada en la transparencia, la información y el acompañamiento. Por eso, comprender cómo funciona el IMV es un paso más para construir una sociedad más informada, más protegida y más justa.