En un artículo anterior de este blog hablamos de tres herramientas financieras que están cambiando cómo fluye el dinero en el mundo: los bonos verdes, que financian proyectos medioambientales, los bonos sociales, que financian proyectos con impacto social, y los préstamos vinculados a la sostenibilidad, que premian a las empresas que cumplen compromisos de responsabilidad. Todas ellas tienen algo en común: el dinero se presta o se invierte, sin saber a priori qué sucederá con él.

Pero existe un cuarto instrumento que va un paso más allá: el Bono de Impacto Social (BIS). Y su lógica es totalmente diferente.

¿Qué es un Bono de Impacto Social?

Imagina que una ciudad tiene un problema serio: muchas personas que salen de prisión vuelven a reincidir en menos de un año. El gobierno sabe que debería hacer algo, pero no tiene presupuesto para pagar por adelantado un programa de reinserción que quizás no funcione.

Aquí es donde entra el Bono de Impacto Social.

En lugar de que el gobierno pague primero y espere resultados, son las comunidades de inversión privada quienes avanzan la inversión para financiar un programa. Una organización especializada lo gestiona, y el gobierno solo paga si los resultados son reales y medibles: por ejemplo, si la tasa de reincidencia baja un 20 %.

Si el programa funciona, los grupos de inversores recuperan su dinero y obtienen un retorno. Si no funciona, el gobierno no paga nada. El riesgo lo asumen los inversores, no la ciudadanía.

¿Quiénes participan?

Para que un BIS funcione, hacen falta cuatro piezas:

•  El gobierno (o una entidad pública): define el problema, acuerda los resultados que quiere ver y se compromete a pagar si se logran.

•  Los inversores: ponen el capital inicial. Pueden ser fondos de inversión, fundaciones o particulares con vocación de impacto.

•  El proveedor del servicio: habitualmente una ONG o empresa social que diseña y ejecuta el programa en la práctica.

•  El evaluador independiente: mide si los resultados acordados se han alcanzado realmente. Es la pieza que da credibilidad a todo el sistema.

Gráfico 1:

Fuente: Elaboración propia

¿En qué se diferencia de un bono social tradicional?

La diferencia es enorme. Con un bono social convencional, el dinero se destina a proyectos con buena intención social, pero el éxito del proyecto no condiciona quién paga ni cuánto. Es como dar una subvención: el dinero se da y se ve qué pasa con él más adelante.

Con un BIS, el pago depende de que algo tangible cambie en la vida de las personas. No basta con haber ejecutado el programa: se debe demostrar que funcionó. Esta lógica de “paga por lo que funciona” es lo que lo hace único y, también, más complejo de poner en marcha.

¿Funciona en la práctica?

Sí, aunque no siempre y no para todo. El primer BIS del mundo se lanzó en el Reino Unido en 2010, con el objetivo de reducir la reincidencia de presos en la cárcel de Peterborough. Los resultados fueron positivos: la reincidencia bajó un 9 % frente al grupo de control.

Desde entonces, se han puesto en marcha más de doscientos proyectos similares en todo el mundo, en ámbitos tan distintos como la inserción laboral de personas con enfermedad mental, la reducción del abandono escolar o la mejora de la salud infantil. En nuestro país, Cataluña ha dado pasos en esta dirección, con proyectos piloto vinculados a la reinserción de personas en situación de exclusión social.

¿Cuáles son sus límites?

Sería deshonesto presentarlos como una solución perfecta, ya que tienen limitaciones importantes:

•  Son difíciles de organizar: llegar a un acuerdo entre todos los actores puede tardar uno o dos años.

• No todo puede medirse: algunos beneficios sociales profundos, como el bienestar emocional o la cohesión comunitaria, son difíciles de cuantificar con números simples.

•  Existe el riesgo de “ir a lo fácil”: los proveedores pueden tender a seleccionar a los participantes con más posibilidades de éxito, dejando de lado a quienes más lo necesitan.

¿Por qué importa conocerlos?

En un momento en que los recursos públicos son limitados y la ciudadanía exige cada vez más rendición de cuentas, los Bonos de Impacto Social plantean una pregunta incómoda pero necesaria: ¿y si pagáramos solo por lo que realmente funciona?

Representan una forma distinta de pensar la relación entre el dinero y el impacto social: no como opuestos, sino como aliados. La idea de que el capital privado puede ayudar a resolver problemas colectivos no es nueva, pero los BIS añaden algo crucial: el pago solo llega si hay resultados reales y verificados.

No son una solución para todo. Estructurarlos es costoso, medir ciertos beneficios sociales es difícil, y no todos los contextos son adecuados para este modelo. Pero cuando se diseñan bien, demuestran que es posible movilizar recursos privados hacia los problemas más complejos de la sociedad con una exigencia de resultados que el gasto público tradicional no siempre tiene.

Y eso, en sí mismo, ya puede significar un avance.