Ya hace una semana que la mayoría de las autopistas existentes en Cataluña ya no tienen peajes. Una noticia muy esperada y celebrada por todo el mundo. Esta situación abre una nueva etapa con un futuro incierto para estas infraestructuras de transporte.
En toda Cataluña hay, en total, 1.719 kilómetros de vías de altas prestaciones: autopistas, autovías y carreteras. La gran mayoría, un 60 %, hasta ahora eran de pago, pero desde hace una semana, y por primera vez en décadas, Cataluña tiene más tramos gratuitos que de pago.
¿Qué peajes quedan liberados?
Desde la medianoche del martes al miércoles pasado, 556 kilómetros de autopista quedaron libres de peaje. Han acabado las concesiones de Abertis de cuatro autopistas catalanas: el tramo de la AP-7, entre Vila-seca y la Jonquera; la AP-2, desde Zaragoza hasta el Penedés; la C-32 en el Maresme; y el tramo de la C-33, entre Barcelona y Montmeló.
Estas son las autopistas que tenían las barreras más antiguas y, durante décadas, han sido escenario de atascos de vehículos. Desaparece también el peaje más antiguo de España, el de la C-32 Norte en Vilassar de Dalt, que tiene 52 años.
¿Qué supone este hecho?
La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha afirmado que el levantamiento de barreras es un paso más hacia una “política racional en materia de transportes e infraestructuras” con el objetivo de ofrecer “una red de transportes sostenible, segura, fiable y, sobre todo, accesible”.
La ministra ha anticipado que habrá un aumento de tráfico en las vías que pasan a ser gratuitas. También ha asegurado que habrá otras necesidades, que supondrán un incremento de las licitaciones para asegurar un mantenimiento correcto de la infraestructura. En esta línea, ha reiterado que se buscará un sistema de tarificación por uso: “Si queremos una red de carreteras competitiva y que sea sostenible, también hay que asegurar que se pueda financiar principalmente por las personas que la utilicen, siguiendo el lema quién contamina, paga”.
Además, ha destacado que, con el fin de los peajes, el Gobierno español cumple un compromiso adquirido en 2018: “Somos el primer Gobierno que no prorroga los peajes”.
Asimismo se ha recalcado el hecho de que, entre todos los peajes que han desaparecido, supondrá un ahorro de 752 millones de euros anuales en Cataluña y 90 en Aragón. La finalización de los peajes también comportará que 132 municipios que hasta ahora recaudaban el IBI dejen de ingresar 14,4 millones por este concepto.
¿Y a partir de ahora qué pasará?
Con el fin de los peajes, el próximo capítulo será el desmantelamiento de la estructura física. Para impactar lo mínimo posible en el tráfico, se hará por etapas. Se calcula que, a mediados del 2022, ya no quede nada de los peajes tal como los conocíamos hasta ahora.
La siguiente incógnita es saber cómo se pagará el mantenimiento de las carreteras a partir del 2024. La Comisión Europea quiere que a partir de aquel año se haya establecido una nueva forma de pago con el principio que paga el que utiliza el servicio y también el que más contamina. Desde el Gobierno español todavía no han aclarado cómo se hará este sistema de pago. Una de las posibilidades es que, para afrontar estos costes de mantenimiento, se implante algún sistema de pago.
¿Más tráfico y más contaminación?
El transporte es uno de los grandes responsables en las emisiones de CO₂. Por este motivo, las políticas relacionadas tendrían que ganar mucho peso. Todas estas políticas tendrían que conseguir fomentar la eficiencia en el uso de la energía y, en consecuencia, que bajara la utilización de combustibles fósiles.
Estos “nuevos peajes” tendrían que ir incorporando acciones que estimulen la sostenibilidad y la protección del medioambiente. Por ejemplo, fomentar la utilización de los vehículos eléctricos, penalizar el uso de los vehículos de motor de combustión, aumentar el uso del transporte colectivo y también reducir los grandes medios de transporte de mercancías, entre otras.
Para que las nuevas políticas tengan éxito, es importante la actuación de toda la sociedad: por un lado, los usuarios de estas vías y, por otro, las administraciones, para conseguir entre todos un futuro más sostenible para las carreteras.
