El impacto económico de la crisis en la que estamos inmersos es evidente. De hecho, hasta que no podamos reactivar la economía, parece muy probable que el papel de los agentes públicos será esencial para la protección de la ciudadanía.
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En estos momentos, diversos Estados occidentales están iniciando sus procesos de desconfinamiento. Aún así, la aparición de nuevos brotes de contagio en regiones tan dispares como Rusia, Corea del Sur e, incluso, en la ciudad china de Wuhan (epicentro de la pandemia) genera nuevas dudas sobre la posibilidad de avanzar rápidamente.
Los rigores de la pandemia pueden alargar los plazos de reactivación económica. Por este motivo, el papel de los agentes públicos, entendiendo como tales a gobiernos y bancos centrales, gana notoriedad.
Además, ya no basta con los esfuerzos realizados hasta el momento. Ahora estamos iniciando una segunda fase en la que se debe contemplar la preservación y reconstrucción del tejido social y empresarial.
En Europa, por ejemplo, las dudas sobre la capacidad de implementar medidas fiscales de forma coordinada han resurgido tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia alemán. En definitiva, este cuestiona la legalidad del programa de compra de deuda iniciado por el Banco Central Europeo. Afortunadamente, la respuesta del Consejo Europeo, así como del BCE e incluso de la propia Angela Merkel, sí fue coordinada a la vez que contundente.
Está claro que hay división entre países en aspectos tales como la mutualización o no de la deuda, la cantidad que debería destinarse a subvenciones. Aún así, parece claro que el objetivo de todos es el de proporcionar una base sólida para una reconstrucción económica que justo ahora inicia su camino.
La dotación de liquidez y de capital para aquellas compañías que lo requieran está contemplándose como medida para proteger el tejido empresarial. Y, por consiguiente, a los trabajadores y trabajadoras europeos.
En las próximas jornadas se darán a conocer los detalles de este programa. Es más, tendiendo a las declaraciones efectuadas por la comisaría europea Margrethe Vestager, se contempla la necesidad de evitar que las diferencias entre la capacidad fiscal de los países europeos puedan generar una fractura que, a la larga, se acabaría trasladando al conjunto de Estados.
