Los impuestos medioambientales sirven para estimular la mejora en los niveles de eficiencia energética y permitir cumplir con una mejor gestión de los recursos naturales. Para seguir progresando hacia un modelo de desarrollo sostenible. Además, tratan de internalizar los costes medioambientales derivados de la producción de la energía eléctrica y del almacenamiento de combustible nuclear o de los recursos radiactivos.
¿Paga más quien contamina más?
El principio de «quien contamina paga» es un principio sencillo: quien contamina —el o los responsables de la contaminación o de la actividad que causa la contaminación— tiene que pagar para reparar el daño que ha causado a través de los llamados impuestos ambientales. Como, por ejemplo, limpiando el área contaminada o cubriendo los gastos sanitarios de las personas afectadas por esta contaminación.
Desde siempre ha sido un concepto muy poderoso para mitigar el impacto negativo de la contaminación, ya que proporcionaba un imperativo jurídico para emprender acciones. En muchos casos de urgencia ha ayudado a formular políticas y medidas que permitieran adoptar reglas para identificar las fuentes de contaminación y su responsabilidad. Reduciendo los niveles de contaminación y ofreciendo alguna compensación a los afectados.
Sin embargo, incluso en casos en los que se puede identificar al contaminante, la puesta en práctica puede ser difícil. A menudo, la matriz de la empresa contaminante no siempre se puede considerar responsable de las actividades de una filial y esta no puede asumir el coste.
También hay casos más complejos de contaminación persistente, como la contaminación atmosférica procedente de fuentes difusas y que resulta todavía más difícil atribuir la responsabilidad.
Ejemplos de medidas eficaces
Como bien explica el profesor Geert Van Calster, jefe del Departamento de Derecho Europeo e Internacional de la Universidad de Lovaina, en esta entrevista, existen dos tipos diferentes de estrategias.
La primera tiene como objetivo ayudar a los afectados y hay muy buenos ejemplos en Europa. Uno de estos son los paneles reductores del ruido construidos a lo largo de las autovías que ayudan a reducir los niveles de ruido de manera significativa y, por lo tanto, ayudan a todos los que viven en los alrededores.
La segunda estrategia tiene como objetivo limitar o prevenir la contaminación o las actividades nocivas en primer lugar, intermediando, por ejemplo, la imposición de impuestos medioambientales, cuotas de contaminación o ciertas soluciones tecnológicas.
También Europa está introduciendo combustibles más limpios y reduciendo progresivamente las emisiones de carbono de los vehículos nuevos.
Dos nuevos impuestos verdes en Cataluña
En el ámbito local, el plan normativo de la Generalitat para el periodo 2021-2023 aprobado hace pocas semanas establece que hasta junio de dentro de dos años tienen que ver la luz 50 leyes y 127 decretos. Uno de los departamentos que tendrá más trabajo para el establecimiento de estas normas es el de Economía y Hacienda.
Con la aprobación, además, de los presupuestos de cada año y de la creación de dos nuevos impuestos medioambientales, uno sobre las emisiones portuarias de grandes barcos y otro sobre las actividades económicas que generan gases de efecto invernadero.
El derecho y los impuestos ambientales son claves para seguir progresando hacia un modelo de desarrollo sostenible. Y también para resolver problemas relacionados con la conservación y protección del medioambiente y de lucha contra la contaminación.
Como sociedad todavía tenemos un amplio margen de recorrido para su aplicación efectiva y es necesario para protegernos a todos, no solo a nuestro medioambiente. Si, por el contrario, mantenemos la tendencia actual, los costes ambientales cada vez más repercutirán en los bolsillos de todos.
