A diferencia de los bonos verdes, los cuales destinan los recursos obtenidos a la financiación o refinanciación de proyectos ecológicos, los bonos sociales buscan financiar proyectos con el objetivo de mitigar un problema social determinado como, por ejemplo, el acceso a una vivienda asequible o a suministros básicos, la generación de empleo o el empoderamiento socioeconómico.
Pero como que los emisores pueden utilizar estas emisiones para su propio interés con el objetivo de reducir únicamente el coste de su financiación sin ningún tipo de reversión a la sociedad, la Asociación Internacional de Mercados de Capital (ICMA, por sus siglas en inglés) establece unos objetivos para homogeneizar el marco de actuación de los emisores que se ciñen a los siguientes pasos:
- Uso de fondos: en este punto, los emisores deben aclarar a los inversores qué proyectos se financiarán o refinanciarán con los fondos obtenidos a través de la emisión sostenible. Normalmente, los fondos van destinados a proyectos ecológicos o sociales.
- El emisor del bono debe realizar un proceso para la selección y evaluación de proyectos a través del cual informa, de forma clara y transparente, a los inversores sus objetivos en materia de sostenibilidad, el marco utilizado para determinar la elegibilidad de los proyectos y el proceso para gestionar los riesgos ambientales y sociales de estos proyectos.
- Gestión de fondos: el emisor controlará y realizará un seguimiento con el objetivo de que el uso de los fondos se destinen según el marco detallado en el punto anterior.
- Reporting: la entidad emisora deberá publicar, de forma anual, una lista de los proyectos a los que se han asignado los ingresos, así como una breve descripción de estos y los importes asignados. Además, se recomienda el uso de medidas tangibles y medibles como, por ejemplo, el cálculo de las emisiones de CO2 evitadas o los metros cúbicos de agua ahorrados por la parte de bonos verdes, o el número de puestos de trabajo creados en cuanto a bonos sociales.
